Nueva legislación penal europea para la lucha contra el fraude

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Esta directiva supone un hito importante en la lucha contra el fraude porque sienta las bases de lo que será el trabajo de la futura Fiscalía Europea en dicho ámbito.

El portavoz socialista en la comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior, Juan Fernando López Aguilar, es el ponente de la propuesta  de directiva sobre ‘la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la UE mediante el derecho penal’, que tras cuatro años de duras negociaciones se ha aprobado hoy, lo que supone “un paso muy importante en la lucha contra la corrupción y el fraude en la Unión”.

“La puesta en marcha de una legislación penal europea en materia de lucha contra el fraude contra el presupuesto comunitario supone un instrumento muy útil para combatir contra la corrupción organizada en la UE” ha declarado López Aguilar en su intervención previa a la adopción del acuerdo.

Se trata de un instrumento jurídico novedoso de carácter penal para luchar contra la corrupción organizada y el fraude a los fondos europeos, que debilitan el presupuesto comunitario, y sienta las bases de lo que será el trabajo de la futura Fiscalía Europea.

“La directiva busca recuperar para la economía legal y productiva recursos que le son detraídos por la criminalidad organizada y que son fundamentales para generar crecimiento y empleo, especialmente en tiempos de crisis económica”, ha añadido el ponente, que ha destacado que tras intensas negociaciones el Parlamento ha conseguido que el IVA sea incluido dentro del ámbito de la directiva y que se establezcan penas y periodos de prescripción adecuados.

López Aguilar ha insistido en la importancia de proteger el presupuesto comunitario, que financian los ciudadanos europeos con sus impuestos, frente a las prácticas criminales de fraude y ha reivindicado el carácter penal de esta directiva para perseguirlas.

Por último, López Aguilar ha subrayado el logro que supone la adopción de  la directiva para proteger el presupuesto de la UE y ha mostrado su convencimiento de que tras su aprobación en el Consejo, el pleno del Parlamento Europeo le dará la luz verde definitiva en los próximos meses.

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